En el instituto nos pintaron la Transición española como ese periodo de tiempo idílico en el que todos los residentes en la península dejaron atrás sus diferencias que venían desde antes del año 1936 y decidieron convivir en paz y armonía. No digo yo que en esta época las cosas no comenzaran a cambiar y se cimentara la sociedad que conocemos en la actualidad, pero las ganas de algunos por idealizar este momento de la historia a veces parecen tratar de borrar episodios oscuros sufridos por el pueblo.
No sé exactamente qué trascendencia tiene fuera del País Vasco, pero dentro de las fronteras éuscaras los sucesos de Vitoria-Gasteiz del 3 de marzo de 1976 son muy recordados. Al comienzo del citado año, miles de trabajadores comenzaron una huelga contra el decreto de tope salarial y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Hay que contextualizarlo; un paro en los setenta u ochenta no es lo que hemos conocido hoy en día las generaciones venideras. En la capital alavesa, los trabajadores celebraban una asamblea aquel día en la iglesia de San Francisco de Asís, pese a la prohibición aún del derecho a reunión.
La Policía, que se encontraba fuera del recinto, entró lanzando gases lacrimógenos pese a la negación del párroco. Los obreros salieron despavoridos y con suerte dispar: los que dentro del mogollón iban en las esquinas fueron apaleados por los uniformados y los que salieron en primera fila y centrados recibieron los disparos de la autoridad. Cinco murieron y 150 resultaron heridos por bala. Manuel Fraga Iribarne, quien entonces era ministro de la Gobernación, estaba en Alemania de visita oficial. Tras los incidentes, fue junto con Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y el General Campano, director de la Guardia Civil, a visitar a los heridos. Típico lavado de cara.
El parlamento Vasco en el año 2008 ya consideró responsables a los ministros encargados del conflicto. Estos son los citados Rodolfo Martin Villa, Manuel Fraga (y Adolfo Suárez, encargado de suplirlo en sus ausencias como ministro de jornada) y Alfonso Osorio (ministro de Presidencia). Últimamente el caso se está moviendo bastante. Iñaki Oyarzabal, miembro del PP vasco, dijo en una entrevista a la revista "Jot Down" que los sucesos del 3 de marzo de 1976 fueron un "exceso policial" y que la Policía utilizó las "armas de fuego para defenderse en un momento en que se vieron rodeados por la multitud, acorralados”. Declaraciones desafortunadas para un alavés o simplemente para una persona con algo de memoria y escrúpulos. La Asociación del 3 de marzo le pidió que rectificara y este lo ha hecho por Twitter, condenando "sin paliativos" estos "lamentables sucesos".
Por otro lado, tenemos a la jueza argentina Maria Servini, gracias a la que Interpol ha cursado una comunicación urgente a su oficina de Madrid para solicitar la detención preventiva de, entre otros, Rodolfo Martín Villa por su culpa en la matanza de Vitoria. Es triste que alguien desde tan lejos tenga que agitar el árbol para que caigan las ramas podridas, cuando estas ya han disfrutado de más de las tres cuartas partes de su vida, la misma que arrebataron a esos cinco trabajadores con su gestión criminal. El Gobierno rechazará esta orden, pero luego tratarán de dar lecciones de democracia a Sudamérica por otros asuntos. Consejos vendo y para mí no tengo. Manuel Fraga o Adolfo Suárez fallecieron sin consecuencias por este sangriento episodio. Ojalá ahora se haga justicia con los supervivientes.
No sé exactamente qué trascendencia tiene fuera del País Vasco, pero dentro de las fronteras éuscaras los sucesos de Vitoria-Gasteiz del 3 de marzo de 1976 son muy recordados. Al comienzo del citado año, miles de trabajadores comenzaron una huelga contra el decreto de tope salarial y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Hay que contextualizarlo; un paro en los setenta u ochenta no es lo que hemos conocido hoy en día las generaciones venideras. En la capital alavesa, los trabajadores celebraban una asamblea aquel día en la iglesia de San Francisco de Asís, pese a la prohibición aún del derecho a reunión.
La Policía, que se encontraba fuera del recinto, entró lanzando gases lacrimógenos pese a la negación del párroco. Los obreros salieron despavoridos y con suerte dispar: los que dentro del mogollón iban en las esquinas fueron apaleados por los uniformados y los que salieron en primera fila y centrados recibieron los disparos de la autoridad. Cinco murieron y 150 resultaron heridos por bala. Manuel Fraga Iribarne, quien entonces era ministro de la Gobernación, estaba en Alemania de visita oficial. Tras los incidentes, fue junto con Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y el General Campano, director de la Guardia Civil, a visitar a los heridos. Típico lavado de cara.
El parlamento Vasco en el año 2008 ya consideró responsables a los ministros encargados del conflicto. Estos son los citados Rodolfo Martin Villa, Manuel Fraga (y Adolfo Suárez, encargado de suplirlo en sus ausencias como ministro de jornada) y Alfonso Osorio (ministro de Presidencia). Últimamente el caso se está moviendo bastante. Iñaki Oyarzabal, miembro del PP vasco, dijo en una entrevista a la revista "Jot Down" que los sucesos del 3 de marzo de 1976 fueron un "exceso policial" y que la Policía utilizó las "armas de fuego para defenderse en un momento en que se vieron rodeados por la multitud, acorralados”. Declaraciones desafortunadas para un alavés o simplemente para una persona con algo de memoria y escrúpulos. La Asociación del 3 de marzo le pidió que rectificara y este lo ha hecho por Twitter, condenando "sin paliativos" estos "lamentables sucesos".
Por otro lado, tenemos a la jueza argentina Maria Servini, gracias a la que Interpol ha cursado una comunicación urgente a su oficina de Madrid para solicitar la detención preventiva de, entre otros, Rodolfo Martín Villa por su culpa en la matanza de Vitoria. Es triste que alguien desde tan lejos tenga que agitar el árbol para que caigan las ramas podridas, cuando estas ya han disfrutado de más de las tres cuartas partes de su vida, la misma que arrebataron a esos cinco trabajadores con su gestión criminal. El Gobierno rechazará esta orden, pero luego tratarán de dar lecciones de democracia a Sudamérica por otros asuntos. Consejos vendo y para mí no tengo. Manuel Fraga o Adolfo Suárez fallecieron sin consecuencias por este sangriento episodio. Ojalá ahora se haga justicia con los supervivientes.
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