Una vez jugada la final de la Copa del Rey, en la que las esteladas fueron la comidilla durante una semana, Venezuela se ha convertido en un asunto de estado. Es un tema cíclico desde que existe Podemos, pero en las últimas fechas ha cogido fuerza por la visita de Albert Rivera al país latinoamericano. En un alarde de populismo, hemos tenido que ver cómo volvía de su viaje erigiéndose como el gran salvador del pueblo venezolano, asegurando que él ha ido a ayudar mientras otros, en referencia a Podemos, acudían “a cobrar” del gobierno chavista.
Si el señor Rivera actuara así porque es una persona sin formación y fácil de manejar por la oposición venezolana, podría tener disculpa. Sin embargo, nos encontramos ante un joven bien preparado que se ha ido a Venezuela a hacer campaña contra un partido político de España al que difícilmente alcanzará en los próximos comicios. Por lo tanto, se ha comportado como un miserable que ha hecho uso del drama ajeno para ganarse un puñado de votos.
Resulta curioso lo implicados que están Ciudadanos, PP y PSOE con los derechos humanos y las libertades de los venezolanos y lo desconectados que están de lo que sucede dentro de las fronteras españolas. A menos de un mes de las elecciones generales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por no investigar supuestas torturas denunciadas por Xabier Beortegi, que fue detenido en 2011 por su pertenencia a Ekin (grupo vinculado al mundo de la izquierda abertzale y de ETA). El TEDH ha sentenciado por unanimidad que se había producido una violación del Convenio Europeo de Derechos Huamanos. Es la octava vez que Estrasburgo condena al Estado español por razones similares .
Está feo citarse a uno mismo, pero lo haré. En el número 7 de la revista 12 pulgadas, que vio la luz en junio de 2015, me hacía eco del libro España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está escrito por Juan Velázquez, Iñaki Valiente y Juan Ignacio Ugartemendia, todos ellos profesores de la Universidad del País Vasco. En este trabajo relatan y acreditan que España tiene setenta sentencias en contra entre los años 1988 y 2009 por la vulneración de diferentes derechos humanos. No existe ningún país europeo que haya sido condenado en tantas ocasiones.
Mientras aquí hemos convertido a Venezuela en un problema nacional de primer orden, los políticos nacionales miran hacia otro lado siendo cómplices necesarios para que este tipo de noticias caigan en el olvido. Uno se pregunta si a los partidos de Rajoy, Sánchez y Rivera les interesa más ganarse el favor del pueblo de cara a las elecciones generales o trabajar para que en su propio país no quede sin investigar ni una denuncia por vulneraciones de derechos humanos.