La derecha de toda la vida y la nueva derecha española han repetido últimamente el mantra de que sacar a Franco del Valle de los Caídos no es urgente. Que hay otras prioridades. La realidad es que es tarde. Se hace indispensable para una democracia que pretende ser de calidad no tener un mausoleo con el dictador que oprimió a todos los contestatarios durante cuatro décadas. Poco honroso es para España compartir con lugares como Corea del Norte el hecho de tener en un lugar preferente y distinguido a un tirano. Sí, en España existen otros problemas, pero digo yo que los políticos (los que están en el Gobierno y los que ejercen la oposición) serán capaces de ocuparse de más de un asunto a la vez.
Sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos solo debiera ser el primer paso y José Antonio Primo de Rivera debería correr la misma suerte. Acto seguido, habría que reponer la memoria de todos los que han yacido allí en contra de su voluntad y la de sus familias. Luego llegará el debate sobre qué hacer con el templo religioso. Si me apuran, tampoco sería descabellado dinamitarlo, como proponía el periodista Jon Lee Anderson en el año 2016.
Dicho esto, reconozco que el asunto económico me hierve la sangre. Recientemente, la justicia chilena ha ordenado el decomiso de más de 1,6 millones de dólares de bienes del dictador Augusto Pinochet. Según un estudio realizado en 2010 por la Universidad de Chile, Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una justificación contable. Este dato evidencia que esos 1,6 millones son una minucia en comparación con todo lo que se quedó de manera ilegítima. Con los Franco, parece que ese tema ni se toca. Los herederos disfrutan de vidas más que acomodadas gracias a lo que se apropió el dictador en su momento y a los intercambios de favores con los empresarios de la época. Este sería un buen momento para pedirles cuentas. No es una cuestión de revancha, es de justicia.
Sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos solo debiera ser el primer paso y José Antonio Primo de Rivera debería correr la misma suerte. Acto seguido, habría que reponer la memoria de todos los que han yacido allí en contra de su voluntad y la de sus familias. Luego llegará el debate sobre qué hacer con el templo religioso. Si me apuran, tampoco sería descabellado dinamitarlo, como proponía el periodista Jon Lee Anderson en el año 2016.
Dicho esto, reconozco que el asunto económico me hierve la sangre. Recientemente, la justicia chilena ha ordenado el decomiso de más de 1,6 millones de dólares de bienes del dictador Augusto Pinochet. Según un estudio realizado en 2010 por la Universidad de Chile, Pinochet acumuló una riqueza superior a 21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una justificación contable. Este dato evidencia que esos 1,6 millones son una minucia en comparación con todo lo que se quedó de manera ilegítima. Con los Franco, parece que ese tema ni se toca. Los herederos disfrutan de vidas más que acomodadas gracias a lo que se apropió el dictador en su momento y a los intercambios de favores con los empresarios de la época. Este sería un buen momento para pedirles cuentas. No es una cuestión de revancha, es de justicia.
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