La propiedad de la tierra marcará el futuro de la paz en Colombia
Por Camilo Perdomo. Publicado en el número 10 (noviembre 2017).
Colombia es hoy en día protagonista en los medios internacionales copando las primeras páginas gracias al acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Esa paz, tan deseada por los colombianos y que parecía tan esquiva, llega por fin. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las dos partes por remediar las razones primigenias del conflicto, pareciera que el conflicto por la tierra seguirá siendo un escollo difícil de superar y que continuará generando violencia en el futuro.
¿Debemos ser optimistas frente a la nueva situación? Claramente sí, en Colombia existe un problema de participación democrática y este es un paso para la inclusión de una parte de la izquierda. Como antecedente de esta intolerancia política, las más de 3000 víctimas del partido de izquierdas UP, aniquilado en los 80 y 90, o los casi 300 líderes sociales asesinados en los últimos dos años por conflictos asociados al territorio y al medio ambiente. Con la inclusión de las FARC y el ELN dentro de la participación política, la democracia colombiana abre un espacio a la participación política fuera de la aniquilación física del oponente.
Con el nuevo acuerdo se pretende solventar esta intolerancia política, pero no son pocos los grupos políticos y armados que están en contra de la participación de las guerrillas en política: como el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, y el Partido Conservador, que apoyaron el “no” en el plebiscito que refrendó los acuerdos y que tienen casi el 30% en el Parlamento; o los 3000 paramilitares que aún existen y que, con el financiamiento de los narcotraficantes, las multinacionales y los grandes terratenientes, continúan haciendo “limpieza política” en 300 de los 1200 municipios del país para acabar con el comunismo y las reivindicaciones sociales de las comunidades.
De todas maneras, pese a la oposición a que la verdad sobre las atrocidades cometidas durante 50 años de guerra salgan a la luz, la iniciativa de paz del gobierno de Santos comienza a dar frutos. Hace pocos días, el Clan del Golfo, uno de los principales grupos paramilitares, ha solicitado dejar las armas a través de una negociación con el Gobierno.
Dentro del marco jurídico del proceso de paz que lleva a las FARC a su desmovilización, el ELN y ahora el Clan del Golfo quieren beneficiarse de este mecanismo: verdad y reparación a las víctimas a cambio de penas más bajas y, en el caso de las guerrillas, de participación política.
La paz, sin embargo, pareciera esquiva y efímera en una sociedad con enormes desigualdades. El país andino ostenta el honor de ser el país con mayor inequidad de Latinoamérica, con un índice de Gini del 0,54: los pobres en Colombia suman 19.899.144 en una población de casi 47 millones de habitantes, y algunos expertos consideran que esa cifra puede llegar a los 26 millones. Los índices de concentración de la tierra son aún peores, ya que es de los más elevados del mundo y su índice de Gini se encuentra en el 0,89: el 1% de las familias ricas en el campo concentran aproximadamente el 60% de la tierra apta para producir.
Si a esto le sumamos que el despojo durante los últimos 20 años de guerra ha provocado 7 millones de desplazados internos y 6 millones de hectáreas usurpadas a campesinos, en su mayoría por paramilitares, narcotraficantes, terratenientes inescrupulosos y multinacionales mineras y agrícolas, se presenta un panorama difícil de revertir.
El Banco Mundial, por su parte, debido a la creciente demanda de alimentos en Asia, en el documento publicado en el 2007 y de título Colombia 2006-2010: una ventana de oportunidad deja claro que Colombia enfrenta dos problemas ante las oportunidades de inversión potencial de su economía: la tierra en Colombia, para que su uso sea más eficiente, debe pasar a manos de grandes corporaciones agrícolas que la exploten de manera más eficiente; y dos, de los 3,7 millones de predios que hay en Colombia, el 40% del total, cerca de 1,5 millones, tienen problemas de títulos de propiedad.
De este modo, el Banco Mundial sugiere a Colombia que le dé los títulos de propiedad a grandes multinacionales y terratenientes que tengan el suficiente potencial económico para llevar a cabo este megaproyecto agrícola y minero. Y en este futuro, ¿dónde queda la población que ha sido víctima del conflicto?, ¿regresará al campo y a sus tierras despojadas?, ¿la apertura democrática que vive Colombia incluirá las demandas de esta población excluida o, por el contrario, continuará el aniquilamiento físico de los contradictores a este proyecto?
Está claro que la negociación con las FARC abre una ventana de oportunidad para que la democracia colombiana se centre en uno de sus mayores problemas: el narcotráfico, encarnado en los paramilitares, ejércitos de extrema derecha vinculados a la mafia. Asimismo, permitirá que las reivindicaciones sociales de la población civil no sea criminalizada, argumentando que son parte de las guerrillas y puedan encauzarse por canales democráticos y no militares.
Pero frente a la nueva situación, si las políticas marcadas desde los estamentos multilaterales y el capital financiero internacional no cambian, el futuro de Colombia seguirá marcado por el conflicto social y la violencia.
¿Debemos ser optimistas frente a la nueva situación? Claramente sí, en Colombia existe un problema de participación democrática y este es un paso para la inclusión de una parte de la izquierda. Como antecedente de esta intolerancia política, las más de 3000 víctimas del partido de izquierdas UP, aniquilado en los 80 y 90, o los casi 300 líderes sociales asesinados en los últimos dos años por conflictos asociados al territorio y al medio ambiente. Con la inclusión de las FARC y el ELN dentro de la participación política, la democracia colombiana abre un espacio a la participación política fuera de la aniquilación física del oponente.
Con el nuevo acuerdo se pretende solventar esta intolerancia política, pero no son pocos los grupos políticos y armados que están en contra de la participación de las guerrillas en política: como el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, y el Partido Conservador, que apoyaron el “no” en el plebiscito que refrendó los acuerdos y que tienen casi el 30% en el Parlamento; o los 3000 paramilitares que aún existen y que, con el financiamiento de los narcotraficantes, las multinacionales y los grandes terratenientes, continúan haciendo “limpieza política” en 300 de los 1200 municipios del país para acabar con el comunismo y las reivindicaciones sociales de las comunidades.
De todas maneras, pese a la oposición a que la verdad sobre las atrocidades cometidas durante 50 años de guerra salgan a la luz, la iniciativa de paz del gobierno de Santos comienza a dar frutos. Hace pocos días, el Clan del Golfo, uno de los principales grupos paramilitares, ha solicitado dejar las armas a través de una negociación con el Gobierno.
Dentro del marco jurídico del proceso de paz que lleva a las FARC a su desmovilización, el ELN y ahora el Clan del Golfo quieren beneficiarse de este mecanismo: verdad y reparación a las víctimas a cambio de penas más bajas y, en el caso de las guerrillas, de participación política.
La paz, sin embargo, pareciera esquiva y efímera en una sociedad con enormes desigualdades. El país andino ostenta el honor de ser el país con mayor inequidad de Latinoamérica, con un índice de Gini del 0,54: los pobres en Colombia suman 19.899.144 en una población de casi 47 millones de habitantes, y algunos expertos consideran que esa cifra puede llegar a los 26 millones. Los índices de concentración de la tierra son aún peores, ya que es de los más elevados del mundo y su índice de Gini se encuentra en el 0,89: el 1% de las familias ricas en el campo concentran aproximadamente el 60% de la tierra apta para producir.
Si a esto le sumamos que el despojo durante los últimos 20 años de guerra ha provocado 7 millones de desplazados internos y 6 millones de hectáreas usurpadas a campesinos, en su mayoría por paramilitares, narcotraficantes, terratenientes inescrupulosos y multinacionales mineras y agrícolas, se presenta un panorama difícil de revertir.
El Banco Mundial, por su parte, debido a la creciente demanda de alimentos en Asia, en el documento publicado en el 2007 y de título Colombia 2006-2010: una ventana de oportunidad deja claro que Colombia enfrenta dos problemas ante las oportunidades de inversión potencial de su economía: la tierra en Colombia, para que su uso sea más eficiente, debe pasar a manos de grandes corporaciones agrícolas que la exploten de manera más eficiente; y dos, de los 3,7 millones de predios que hay en Colombia, el 40% del total, cerca de 1,5 millones, tienen problemas de títulos de propiedad.
De este modo, el Banco Mundial sugiere a Colombia que le dé los títulos de propiedad a grandes multinacionales y terratenientes que tengan el suficiente potencial económico para llevar a cabo este megaproyecto agrícola y minero. Y en este futuro, ¿dónde queda la población que ha sido víctima del conflicto?, ¿regresará al campo y a sus tierras despojadas?, ¿la apertura democrática que vive Colombia incluirá las demandas de esta población excluida o, por el contrario, continuará el aniquilamiento físico de los contradictores a este proyecto?
Está claro que la negociación con las FARC abre una ventana de oportunidad para que la democracia colombiana se centre en uno de sus mayores problemas: el narcotráfico, encarnado en los paramilitares, ejércitos de extrema derecha vinculados a la mafia. Asimismo, permitirá que las reivindicaciones sociales de la población civil no sea criminalizada, argumentando que son parte de las guerrillas y puedan encauzarse por canales democráticos y no militares.
Pero frente a la nueva situación, si las políticas marcadas desde los estamentos multilaterales y el capital financiero internacional no cambian, el futuro de Colombia seguirá marcado por el conflicto social y la violencia.
