La guerra contra el narcotráfico: el gran negocio detrás del prohibicionismo
Por Camilo Perdomo. Publicado en el número 8 (diciembre 2015).
La guerra contra las drogas, la lucha de estados contra la mafia, el flagelo global que amenaza el modo de vida de países ricos y pobres. Una guerra que cumple más de un siglo y que lejos de extirpar el problema lo enquista más con el subterfugio de tratados militares y de cooperación. Una guerra silenciosa, pero que cada año deja miles de muertos, presos en las cárceles de todo el mundo y miles de campesinos criminalizados por los cultivos “ilícitos”. La población civil, el eslabón más débil de la cadena, no se beneficia del tráfico de drogas o su cultivo; entonces, ¿quién se beneficia?, ¿quiénes fomentan el prohibicionismo? Y, sobre todo, ¿por qué la comunidad internacional continúa con una estrategia militar que no funciona?
Partiendo de prejuicios morales y raciales, Estados Unidos fue el primero en prohibir el consumo de drogas en su territorio: San Francisco dictaba una ley que restringía la comercialización y la importación de opio a la comunidad china, así como los “opiaderos” dentro de la ciudad en 1875. A principios del siglo XX, según las autoridades y los medios sensacionalistas de la época, la cocaína fue prohibida para evitar que los “negros” abusaran de mujeres blancas bajo sus efectos. En la misma línea, la marihuana fue penalizada en 1937 bajo el argumento de que “afectaba y degeneraba las razas”, pero en realidad se intentaba reprimir la entrada masiva de mexicanos a Norteamérica debido a los efectos en el país vecino por la gran depresión y a que eran los consumidores habituales de la hierba.
Sin embargo, no fue hasta la convención única sobre estupefacientes de 1961, auspiciada por la ONU, cuando el fenómeno tomó un carácter global. Esta vez primaron los prejuicios morales y la “salud pública” para que el convenio incidiera directamente en la persecución del cultivo, el uso y la comercialización de algunas drogas, haciendo una diferenciación entre las drogas buenas y malas. Las drogas malas venían de los países del sur, productores de las materias primas para su producción, mientras que las buenas, las que provenían de los laboratorios farmacéuticos del norte, eran autorizadas. Lógicamente, los laboratorios farmacéuticos continuaron incluyendo en muchos de sus medicamentos compuestos activos de las drogas ilícitas, mientras que los usos que daban comunidades ancestrales a estas plantas eran prohibidas por el tratado, como el caso del uso de la hoja de coca para los indígenas de la región andina.
Para muchos de nosotros el narcotráfico tiene cara: Pablo Escobar. El todopoderoso señor del narcotráfico, que con el terrorismo puso contra las cuerdas al estado colombiano, proporcionó la excusa perfecta para incidir en el desarrollo y las políticas económicas de América Latina. La DEA condicionó la ayuda a la cooperación y la entrada de exportaciones a Estados Unidos siempre que los países productores colaboraran con sus políticas, como la eliminación de cultivos y la persecución de los capitales del cartel de Medellín y Cali. Después del escándalo Irán-Contra, en el que la DEA y la CIA se vieron envueltas directamente en el tráfico de drogas para financiar a la contra nicaragüense, Reagan daba otra vuelta de tuerca a la persecución de los países productores y la ingente entrada de dólares provenientes del narcotráfico a los países andinos.
Una estrategia militar para garantizar las materias primas
La estrategia de Estados Unidos en la lucha contra las drogas requería de un mayor esfuerzo de los países productores. Así que después de la muerte de Pablo Escobar a manos de la CIA, la DEA y el ejército colombiano, la producción de coca no disminuyó y simplemente el poder pasó a manos de otros capos de la región. El Pentágono, entonces, bajo pretexto de la lucha contra las drogas, y una vez que el muro de Berlín cae y ya no hay comunistas que perseguir, comenzó con la militarización del continente a través de diversas bases militares: en América Central se encuentran la base de Comalapa en el Salvador, la de Soto-Cano en Honduras y la de Liberia en Costa Rica; en América del Sur operan tres bases en Perú y en Paraguay está la base militar Mariscal Estigarribia, localizada en el Chaco, situada en la triple frontera y cerca del acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande del mundo; mientras que en el Caribe existen bases en Cuba, la de Guantánamo, Aruba y la Reina Beatriz, y en Curaçao la de Hatos.
Pero a esta estrategia militar debemos añadir los planes de “cooperación” con Colombia y México, llamados Plan Colombia e Iniciativa Mérida, respectivamente, en los que se han gastado miles de millones de dólares y que han sumido a estos países en dos guerras interminables. Dichos convenios han permitido a los militares norteamericanos controlar de cierta manera el aparato militar de estos países, ya que muchas de las operaciones militares llevadas a cabo en el terreno se realizan bajo mando del Pentágono y sin el conocimiento de los altos mandos locales. Además, los convenios estipulan la compra de armas a fabricantes norteamericanos y han supuesto el aumento del presupuesto militar de estos países en detrimento de sus necesidades sociales, como es el caso claro de Colombia, que actualmente cuenta con el ejército más grande del subcontinente, con 450 mil efectivos y un presupuesto del 6 % de su PIB anual.
Igualmente, se obliga al Gobierno colombiano a que parte del presupuesto destinado a la erradicación de cultivos ilícitos sea invertido en glifosato, un fuerte químico de la casa Monsanto que produce defoliación en los cultivos ilícitos, pero también en los lícitos. Monsanto ya había usado un compuesto de las mismas características en Vietnam: el agente naranja. Pero tras la prohibición del glifosato en Estados Unidos por ser perjudicial para la salud, ya que produce cáncer, problemas neuronales o malformaciones congénitas, Monsanto ganó un contrato para vender en exclusiva el defoliante dentro del Plan Colombia. Claro, la compañía acumulaba grandes cantidades del compuesto que debían ser usadas para su beneficio económico. Así que, ¿cuánto dinero ha ganado Monsanto desde los años 90 con el uso del glifosato en detrimento de la salud y el medio ambiente de los colombianos?
Si hacemos un somero análisis de la ubicación actual de las bases, nos encontramos con que están en zonas económicamente estratégicas, como el acuífero Guaraní, la Amazonía y la cuenca del Caribe. Lugares con ingentes recursos naturales y acuíferos necesarios en un futuro para la economía de los Estados Unidos. Brasil, sin embargo, uno de los pocos países latinoamericanos con una agenda en política exterior propia y que no permite la entrada de agentes extranjeros en su territorio, critica la estrategia norteamericana y se siente intimidado por la presencia de bases militares a su alrededor.
Pero los ejércitos latinoamericanos no son los únicos compradores de armas. El año pasado, el 70 % de las armas incautadas por la policía mexicana a miembros de los carteles provenía de Estados Unidos, así que gran parte de los 6 mil millones de dólares ganados por el tráfico de drogas por los carteles mexicanos fueron a parar a las arcas de la industria armamentística yankee. Simplemente, es fácil sospechar que algo no funciona bien en la estrategia militar norteamericana o que mantener la guerra beneficia a unas cuantas empresas de su entramado económico, ya que después de quince años de presencia militar en Colombia y catorce en Afganistán estos dos países continúan siendo los mayores exportadores de cocaína y heroína a nivel mundial.
La estrategia es económica
No obstante, la estrategia militar no ha sido la única seguida por los Estados Unidos en su lucha contra las drogas, sino que la estrategia económica ha sido otro pilar fundamental. En el caso colombiano, después de tomar el control militar con el Plan Colombia, la Casa Blanca, bajo la amenaza constante de cortar la ayuda militar, ha propiciado la reforma de 52 leyes económicas para favorecer a las multinacionales norteamericanas afincadas en el país andino, incluido un tratado de libre comercio que ha desplomado las exportaciones colombianas en favor de las importaciones de la primera potencia mundial, según argumenta Don Paley en su libro El capitalismo de la guerra contra las drogas.
Por otra parte, HSBC, WACHOVIA y Bank of América, por nombrar algunos bancos norteamericanos, han lavado cientos de millones de dólares a los traficantes de armas y narcóticos mexicanos. Las multas impuestas por las autoridades norteamericanas a estos bancos han sido mínimas en comparación con la cantidad de capitales lavados en sus operaciones y, a día de hoy, no es posible saber cuánto dinero procedente de acciones delictivas fue lavado durante la última década.
Para finalizar, y aunque los capos más famosos de la droga se encuentran en los países del tercer mundo, como el Chapo Guzmán, en el caso del narcotráfico los beneficios no se concentran en la producción, sino en la comercialización y la distribución; es decir, en la última etapa, que se localiza en los países consumidores, la gran mayoría desarrollados. Según Antonio Luigi Mazzitelli, representante para México y Centroamérica de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), el 85 % de las ganancias de la droga proveniente de América Latina se queda en los Estados Unidos. Entonces, si las mayores ganancias del capital del narcotráfico se queda en los países desarrollados, ¿por qué se habla tan poco de sus capos?, ¿por qué no sabemos nada de la influencia de la mafia sobre gobernantes y funcionarios de los países desarrollados? Y, sobre todo, ¿por qué no se habla del lavado de capitales y las fortunas provenientes de la mafia que descansan en los paraísos fiscales?
Partiendo de prejuicios morales y raciales, Estados Unidos fue el primero en prohibir el consumo de drogas en su territorio: San Francisco dictaba una ley que restringía la comercialización y la importación de opio a la comunidad china, así como los “opiaderos” dentro de la ciudad en 1875. A principios del siglo XX, según las autoridades y los medios sensacionalistas de la época, la cocaína fue prohibida para evitar que los “negros” abusaran de mujeres blancas bajo sus efectos. En la misma línea, la marihuana fue penalizada en 1937 bajo el argumento de que “afectaba y degeneraba las razas”, pero en realidad se intentaba reprimir la entrada masiva de mexicanos a Norteamérica debido a los efectos en el país vecino por la gran depresión y a que eran los consumidores habituales de la hierba.
Sin embargo, no fue hasta la convención única sobre estupefacientes de 1961, auspiciada por la ONU, cuando el fenómeno tomó un carácter global. Esta vez primaron los prejuicios morales y la “salud pública” para que el convenio incidiera directamente en la persecución del cultivo, el uso y la comercialización de algunas drogas, haciendo una diferenciación entre las drogas buenas y malas. Las drogas malas venían de los países del sur, productores de las materias primas para su producción, mientras que las buenas, las que provenían de los laboratorios farmacéuticos del norte, eran autorizadas. Lógicamente, los laboratorios farmacéuticos continuaron incluyendo en muchos de sus medicamentos compuestos activos de las drogas ilícitas, mientras que los usos que daban comunidades ancestrales a estas plantas eran prohibidas por el tratado, como el caso del uso de la hoja de coca para los indígenas de la región andina.
Para muchos de nosotros el narcotráfico tiene cara: Pablo Escobar. El todopoderoso señor del narcotráfico, que con el terrorismo puso contra las cuerdas al estado colombiano, proporcionó la excusa perfecta para incidir en el desarrollo y las políticas económicas de América Latina. La DEA condicionó la ayuda a la cooperación y la entrada de exportaciones a Estados Unidos siempre que los países productores colaboraran con sus políticas, como la eliminación de cultivos y la persecución de los capitales del cartel de Medellín y Cali. Después del escándalo Irán-Contra, en el que la DEA y la CIA se vieron envueltas directamente en el tráfico de drogas para financiar a la contra nicaragüense, Reagan daba otra vuelta de tuerca a la persecución de los países productores y la ingente entrada de dólares provenientes del narcotráfico a los países andinos.
Una estrategia militar para garantizar las materias primas
La estrategia de Estados Unidos en la lucha contra las drogas requería de un mayor esfuerzo de los países productores. Así que después de la muerte de Pablo Escobar a manos de la CIA, la DEA y el ejército colombiano, la producción de coca no disminuyó y simplemente el poder pasó a manos de otros capos de la región. El Pentágono, entonces, bajo pretexto de la lucha contra las drogas, y una vez que el muro de Berlín cae y ya no hay comunistas que perseguir, comenzó con la militarización del continente a través de diversas bases militares: en América Central se encuentran la base de Comalapa en el Salvador, la de Soto-Cano en Honduras y la de Liberia en Costa Rica; en América del Sur operan tres bases en Perú y en Paraguay está la base militar Mariscal Estigarribia, localizada en el Chaco, situada en la triple frontera y cerca del acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande del mundo; mientras que en el Caribe existen bases en Cuba, la de Guantánamo, Aruba y la Reina Beatriz, y en Curaçao la de Hatos.
Pero a esta estrategia militar debemos añadir los planes de “cooperación” con Colombia y México, llamados Plan Colombia e Iniciativa Mérida, respectivamente, en los que se han gastado miles de millones de dólares y que han sumido a estos países en dos guerras interminables. Dichos convenios han permitido a los militares norteamericanos controlar de cierta manera el aparato militar de estos países, ya que muchas de las operaciones militares llevadas a cabo en el terreno se realizan bajo mando del Pentágono y sin el conocimiento de los altos mandos locales. Además, los convenios estipulan la compra de armas a fabricantes norteamericanos y han supuesto el aumento del presupuesto militar de estos países en detrimento de sus necesidades sociales, como es el caso claro de Colombia, que actualmente cuenta con el ejército más grande del subcontinente, con 450 mil efectivos y un presupuesto del 6 % de su PIB anual.
Igualmente, se obliga al Gobierno colombiano a que parte del presupuesto destinado a la erradicación de cultivos ilícitos sea invertido en glifosato, un fuerte químico de la casa Monsanto que produce defoliación en los cultivos ilícitos, pero también en los lícitos. Monsanto ya había usado un compuesto de las mismas características en Vietnam: el agente naranja. Pero tras la prohibición del glifosato en Estados Unidos por ser perjudicial para la salud, ya que produce cáncer, problemas neuronales o malformaciones congénitas, Monsanto ganó un contrato para vender en exclusiva el defoliante dentro del Plan Colombia. Claro, la compañía acumulaba grandes cantidades del compuesto que debían ser usadas para su beneficio económico. Así que, ¿cuánto dinero ha ganado Monsanto desde los años 90 con el uso del glifosato en detrimento de la salud y el medio ambiente de los colombianos?
Si hacemos un somero análisis de la ubicación actual de las bases, nos encontramos con que están en zonas económicamente estratégicas, como el acuífero Guaraní, la Amazonía y la cuenca del Caribe. Lugares con ingentes recursos naturales y acuíferos necesarios en un futuro para la economía de los Estados Unidos. Brasil, sin embargo, uno de los pocos países latinoamericanos con una agenda en política exterior propia y que no permite la entrada de agentes extranjeros en su territorio, critica la estrategia norteamericana y se siente intimidado por la presencia de bases militares a su alrededor.
Pero los ejércitos latinoamericanos no son los únicos compradores de armas. El año pasado, el 70 % de las armas incautadas por la policía mexicana a miembros de los carteles provenía de Estados Unidos, así que gran parte de los 6 mil millones de dólares ganados por el tráfico de drogas por los carteles mexicanos fueron a parar a las arcas de la industria armamentística yankee. Simplemente, es fácil sospechar que algo no funciona bien en la estrategia militar norteamericana o que mantener la guerra beneficia a unas cuantas empresas de su entramado económico, ya que después de quince años de presencia militar en Colombia y catorce en Afganistán estos dos países continúan siendo los mayores exportadores de cocaína y heroína a nivel mundial.
La estrategia es económica
No obstante, la estrategia militar no ha sido la única seguida por los Estados Unidos en su lucha contra las drogas, sino que la estrategia económica ha sido otro pilar fundamental. En el caso colombiano, después de tomar el control militar con el Plan Colombia, la Casa Blanca, bajo la amenaza constante de cortar la ayuda militar, ha propiciado la reforma de 52 leyes económicas para favorecer a las multinacionales norteamericanas afincadas en el país andino, incluido un tratado de libre comercio que ha desplomado las exportaciones colombianas en favor de las importaciones de la primera potencia mundial, según argumenta Don Paley en su libro El capitalismo de la guerra contra las drogas.
Por otra parte, HSBC, WACHOVIA y Bank of América, por nombrar algunos bancos norteamericanos, han lavado cientos de millones de dólares a los traficantes de armas y narcóticos mexicanos. Las multas impuestas por las autoridades norteamericanas a estos bancos han sido mínimas en comparación con la cantidad de capitales lavados en sus operaciones y, a día de hoy, no es posible saber cuánto dinero procedente de acciones delictivas fue lavado durante la última década.
Para finalizar, y aunque los capos más famosos de la droga se encuentran en los países del tercer mundo, como el Chapo Guzmán, en el caso del narcotráfico los beneficios no se concentran en la producción, sino en la comercialización y la distribución; es decir, en la última etapa, que se localiza en los países consumidores, la gran mayoría desarrollados. Según Antonio Luigi Mazzitelli, representante para México y Centroamérica de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), el 85 % de las ganancias de la droga proveniente de América Latina se queda en los Estados Unidos. Entonces, si las mayores ganancias del capital del narcotráfico se queda en los países desarrollados, ¿por qué se habla tan poco de sus capos?, ¿por qué no sabemos nada de la influencia de la mafia sobre gobernantes y funcionarios de los países desarrollados? Y, sobre todo, ¿por qué no se habla del lavado de capitales y las fortunas provenientes de la mafia que descansan en los paraísos fiscales?