Seis años después de la acusación de violación contra Julian Assange por parte de una fiscal sueca y tras cuatro años de reclusión en la Embajada de Ecuador tras la solicitud de asilo en este país, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU parece dar un hilo de esperanza al ciberactivista con el fallo favorable sobre su detención en Londres. Sin embargo, las autoridades británicas y suecas ya han manifestado que no acatarán el dictamen, probando de nuevo el doble rasero de las potencias sentadas en el Consejo de Seguridad de la ONU frente a los dictados de otras dependencias de la organización.
Hace poco comentaba con algunos amigos que, de entregarse Assange a las autoridades en Londres, sería extraditado a los Estados Unidos y, aunque creo que no sería ejecutado, como algunos afirman, sí que tendría una condena ejemplar. Los servicios de inteligencia de las potencias occidentales quieren hacerle pagar por las filtraciones que hizo Wikileaks sobre las operaciones ilegales en países como Afganistán o Irak.
No es de extrañar que Assange, al ser la cara visible de Wikileaks, sea perseguido por las autoridades al dejarlas en evidencia ante la opinión pública, demostrando que las guerras asépticas no existen y que los objetivos perseguidos han sido totalmente espurios. Entonces, ¿la libertad de expresión es un derecho que está por encima de la seguridad nacional de cualquier Estado?, ¿es legal lo que hacen con Assange, cuando la misma ONU afirma los contrario?, ¿es acaso un montaje judicial para sentar precedente y que nadie más intente tocar el poder en la sombra de las potencias occidentales?
Creo que, a estas alturas, todos podemos sacar nuestra conclusión al respecto de lo que ha hecho Assange y el papel de las grandes potencias sobre nuestro derecho a la información. Lo que no queda tan claro es el papel que juega la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, representada en este caso por el Grupo de Trabajo de sobre la Detención Arbitraria de la ONU, frente al Consejo de Seguridad. Los miembros del Consejo de Seguridad, incluido Reino Unido, hacen gala de su chulería saltándose todas las sentencias que se dicten en las Naciones Unidas fuera del Consejo de Seguridad gracias a su poder de veto. Aunque lo que diga el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no es vinculante, en otras ocasiones sí le ha servido al Consejo de Seguridad para llevar a cabo sus campañas bélicas, acusando a regímenes o “dictadores” y usándola a su antojo cuando les conviene.
Los países BRICS lo vienen advirtiendo, o la ONU cambia o el sistema mundial que conocemos saltará por los aires. Parece que por lo menos estos países han tomado conciencia de cómo van cambiando los poderes fácticos mundiales, ¿tienen tan claro su papel actual las potencias occidentales?
Hace poco comentaba con algunos amigos que, de entregarse Assange a las autoridades en Londres, sería extraditado a los Estados Unidos y, aunque creo que no sería ejecutado, como algunos afirman, sí que tendría una condena ejemplar. Los servicios de inteligencia de las potencias occidentales quieren hacerle pagar por las filtraciones que hizo Wikileaks sobre las operaciones ilegales en países como Afganistán o Irak.
No es de extrañar que Assange, al ser la cara visible de Wikileaks, sea perseguido por las autoridades al dejarlas en evidencia ante la opinión pública, demostrando que las guerras asépticas no existen y que los objetivos perseguidos han sido totalmente espurios. Entonces, ¿la libertad de expresión es un derecho que está por encima de la seguridad nacional de cualquier Estado?, ¿es legal lo que hacen con Assange, cuando la misma ONU afirma los contrario?, ¿es acaso un montaje judicial para sentar precedente y que nadie más intente tocar el poder en la sombra de las potencias occidentales?
Creo que, a estas alturas, todos podemos sacar nuestra conclusión al respecto de lo que ha hecho Assange y el papel de las grandes potencias sobre nuestro derecho a la información. Lo que no queda tan claro es el papel que juega la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, representada en este caso por el Grupo de Trabajo de sobre la Detención Arbitraria de la ONU, frente al Consejo de Seguridad. Los miembros del Consejo de Seguridad, incluido Reino Unido, hacen gala de su chulería saltándose todas las sentencias que se dicten en las Naciones Unidas fuera del Consejo de Seguridad gracias a su poder de veto. Aunque lo que diga el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no es vinculante, en otras ocasiones sí le ha servido al Consejo de Seguridad para llevar a cabo sus campañas bélicas, acusando a regímenes o “dictadores” y usándola a su antojo cuando les conviene.
Los países BRICS lo vienen advirtiendo, o la ONU cambia o el sistema mundial que conocemos saltará por los aires. Parece que por lo menos estos países han tomado conciencia de cómo van cambiando los poderes fácticos mundiales, ¿tienen tan claro su papel actual las potencias occidentales?
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