¿La desaparición de 43 normalistas o la colombianización de México?
Por Camilo Perdomo. Publicado en el número 5 (diciembre 2014).
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha sacado a la luz las costuras de la democracia mexicana. Muchos nos preguntamos si México es un Estado fallido o se ha producido colombianización del Estado por el poder del narcotráfico. Hace años que viene ocurriendo, pero la crueldad de los hechos vividos en Iguala han puesto en duda a las instituciones y han revelado la degeneración democrática que vive el estado mexicano con la complicidad de gran parte de la comunidad internacional: violación sistemática de los derechos humanos, desaparición forzada, exclusión social, corrupción y altas tasas de homicidios.
Es evidente que México no es Somalía: tiene unas instituciones, que funcionan parcialmente pero funcionan; un estado de derecho, que se aplica en gran parte del territorio nacional; elecciones libres, bastante controvertidas en sus últimas convocatorias, pero que se celebran con regularidad cada seis años; y la firma de la mayoría de tratados internacionales. Un vecino ejemplar y nada sospechoso, al igual que Colombia, dentro de la comunidad internacional.
La aplicación de políticas neoliberales en América latina, apelando a la reducción del déficit y el pago de la deuda, fueron aplicadas sin miramientos durante los últimos treinta años y México, como Colombia, han sido alumnos destacados en el desarrollo de las políticas encaminadas a reducir el tamaño del Estado, dejando que sean la libre empresa y el mercado quienes se ocupen de las necesidades de la población. Ahora la sociedad mexicana se enfrenta a su Frankenstein particular y ve como los privados han copado el vacío de poder dejado por el Estado, tomando el poder por la falta de regulación y la aplicación del estado de derecho, apropiándose de grandes cuotas de gobernabilidad en beneficio de una pequeña élite financiera, las multinacionales y las empresas del crimen.
Pero la ausencia de políticas que fortalezcan al Estado no son la única razón de este descalabro. El narcotráfico, como eje transversal que ha penetrado en la sociedad mexicana durante años, tiene gran parte de culpa en este caos. Algunos analistas consideran que los carteles de las drogas adquirieron más poder desde que salió de la presidencia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en este partido residía la capacidad de negociar con los grandes capos y que la llegada de Calderón y su “Plan Merida” no hizo más que agravar la situación. Pero el narcotráfico en México no es algo nuevo, desde los años veinte, con la aplicación del prohibicionismo por parte de los Estados Unidos, México se convirtió en un paraíso para el contrabando ilegal de un lado y otro de la frontera. Entonces, ¿qué ha cambiado para que el poder del narcotráfico sea hoy tan fuerte?
Antes de que Felipe Calderón llegara a los Pinos los carteles del narcotráfico exhibían una violencia mucho menor. Fue la entrada de la “Iniciativa Merida”, un plan encaminado a la lucha contra las drogas financiado por los Estados Unidos con 1.400 millones de dólares, lo que agravó la situación. Se luchaba contra algunos carteles y no contra todos, lo que provocó el caos y la lucha entre carteles rivales por la toma del poder en las regiones. Al igual que en Colombia, donde se aplicó el “Plan Colombia”, el gobierno mexicano tiene al ejercito patrullando en las calles, justifica asesinatos y permite la presencia de asesores norteamericanos expertos en narcotráfico y en inmigración ilegal.
El gobierno combate a los narcos mediante sus propios recursos, el financiamiento y las armas estadounidenses, pero en algunos estados de la república el poder político se apoya en el negocio ilícito para comprar más armas y para sacar provecho propio. El nuevo narcotráfico mexicano cuenta con mayor educación, recursos y relaciones que les permiten controlar empresas, medios de comunicación y la política del país.
En el México actual, como en Colombia a finales de los ochenta y principios de los noventa, el vacío que dejaron las instituciones y la falta políticas sociales, que ha dejado a la mayoría en pobreza, produjo que un poder mayor económicamente, el narcotráfico, reemplazara al Estado. Durante años, la intervención del narcotráfico en la vida política mexicana se limitó a aportes económicos a través de testaferros, pero ahora amenazan con sus ejércitos privados a todas las instituciones del Estado.
La intervención de Washington en la política mexicana produjo una verdadera revolución armada de las bandas criminales, ya que el 90% de las armas usadas en el conflicto, en su mayoría ilegales, provenían de los Estados Unidos a través de la frontera. Una guerra permanente que permite controlar a la sociedad a través del miedo, desarticular la resistencia de la población con un estado de excepción permanente y despojar, poco a poco, a la sociedad mexicana de los derechos adquiridos durante décadas.
Se estima que hay medio millón de desplazados en México a causa de los grandes proyectos mineros y de infraestructura, recursos naturales que necesitan las multinacionales y que la gran minería explota a su antojo en el país, contaminando ríos como el Sonora o cambiando la Constitución para vender el petroleo mexicano sin restricción ni control.
Las potencias extranjeras se benefician de este caos y violencia, se han convertido en cómplices de esta degeneración democrática y ven en México y Colombia a países seguros para realizar inversiones por las garantías jurídicas que ofrecen, pero no se cuestionan los derechos humanos o si la seguridad jurídica que cobija a sus empresas también cobija a los nacionales despojados. No hay seguridad jurídica, solo un sistema de corrupción que les permite realizar acciones que en sus países de origen no les es permitido. Callan y sostienen el régimen porque es rentable para sus empresas. ¿Es esta la democracia que desea occidente o el futuro que nos espera?
La desaparición de los 43 normalistas de Iguala es solo la gota que ha desbordado el vaso de un modelo criminal, pero, a la vez, el ejemplo claro de que occidente sigue viendo democracias en sus aliados económicos, callan ante las atrocidades de los estados colombiano y mexicano y ven dictaduras en países contradictores al modelo neoliberal.
Es evidente que México no es Somalía: tiene unas instituciones, que funcionan parcialmente pero funcionan; un estado de derecho, que se aplica en gran parte del territorio nacional; elecciones libres, bastante controvertidas en sus últimas convocatorias, pero que se celebran con regularidad cada seis años; y la firma de la mayoría de tratados internacionales. Un vecino ejemplar y nada sospechoso, al igual que Colombia, dentro de la comunidad internacional.
La aplicación de políticas neoliberales en América latina, apelando a la reducción del déficit y el pago de la deuda, fueron aplicadas sin miramientos durante los últimos treinta años y México, como Colombia, han sido alumnos destacados en el desarrollo de las políticas encaminadas a reducir el tamaño del Estado, dejando que sean la libre empresa y el mercado quienes se ocupen de las necesidades de la población. Ahora la sociedad mexicana se enfrenta a su Frankenstein particular y ve como los privados han copado el vacío de poder dejado por el Estado, tomando el poder por la falta de regulación y la aplicación del estado de derecho, apropiándose de grandes cuotas de gobernabilidad en beneficio de una pequeña élite financiera, las multinacionales y las empresas del crimen.
Pero la ausencia de políticas que fortalezcan al Estado no son la única razón de este descalabro. El narcotráfico, como eje transversal que ha penetrado en la sociedad mexicana durante años, tiene gran parte de culpa en este caos. Algunos analistas consideran que los carteles de las drogas adquirieron más poder desde que salió de la presidencia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en este partido residía la capacidad de negociar con los grandes capos y que la llegada de Calderón y su “Plan Merida” no hizo más que agravar la situación. Pero el narcotráfico en México no es algo nuevo, desde los años veinte, con la aplicación del prohibicionismo por parte de los Estados Unidos, México se convirtió en un paraíso para el contrabando ilegal de un lado y otro de la frontera. Entonces, ¿qué ha cambiado para que el poder del narcotráfico sea hoy tan fuerte?
Antes de que Felipe Calderón llegara a los Pinos los carteles del narcotráfico exhibían una violencia mucho menor. Fue la entrada de la “Iniciativa Merida”, un plan encaminado a la lucha contra las drogas financiado por los Estados Unidos con 1.400 millones de dólares, lo que agravó la situación. Se luchaba contra algunos carteles y no contra todos, lo que provocó el caos y la lucha entre carteles rivales por la toma del poder en las regiones. Al igual que en Colombia, donde se aplicó el “Plan Colombia”, el gobierno mexicano tiene al ejercito patrullando en las calles, justifica asesinatos y permite la presencia de asesores norteamericanos expertos en narcotráfico y en inmigración ilegal.
El gobierno combate a los narcos mediante sus propios recursos, el financiamiento y las armas estadounidenses, pero en algunos estados de la república el poder político se apoya en el negocio ilícito para comprar más armas y para sacar provecho propio. El nuevo narcotráfico mexicano cuenta con mayor educación, recursos y relaciones que les permiten controlar empresas, medios de comunicación y la política del país.
En el México actual, como en Colombia a finales de los ochenta y principios de los noventa, el vacío que dejaron las instituciones y la falta políticas sociales, que ha dejado a la mayoría en pobreza, produjo que un poder mayor económicamente, el narcotráfico, reemplazara al Estado. Durante años, la intervención del narcotráfico en la vida política mexicana se limitó a aportes económicos a través de testaferros, pero ahora amenazan con sus ejércitos privados a todas las instituciones del Estado.
La intervención de Washington en la política mexicana produjo una verdadera revolución armada de las bandas criminales, ya que el 90% de las armas usadas en el conflicto, en su mayoría ilegales, provenían de los Estados Unidos a través de la frontera. Una guerra permanente que permite controlar a la sociedad a través del miedo, desarticular la resistencia de la población con un estado de excepción permanente y despojar, poco a poco, a la sociedad mexicana de los derechos adquiridos durante décadas.
Se estima que hay medio millón de desplazados en México a causa de los grandes proyectos mineros y de infraestructura, recursos naturales que necesitan las multinacionales y que la gran minería explota a su antojo en el país, contaminando ríos como el Sonora o cambiando la Constitución para vender el petroleo mexicano sin restricción ni control.
Las potencias extranjeras se benefician de este caos y violencia, se han convertido en cómplices de esta degeneración democrática y ven en México y Colombia a países seguros para realizar inversiones por las garantías jurídicas que ofrecen, pero no se cuestionan los derechos humanos o si la seguridad jurídica que cobija a sus empresas también cobija a los nacionales despojados. No hay seguridad jurídica, solo un sistema de corrupción que les permite realizar acciones que en sus países de origen no les es permitido. Callan y sostienen el régimen porque es rentable para sus empresas. ¿Es esta la democracia que desea occidente o el futuro que nos espera?
La desaparición de los 43 normalistas de Iguala es solo la gota que ha desbordado el vaso de un modelo criminal, pero, a la vez, el ejemplo claro de que occidente sigue viendo democracias en sus aliados económicos, callan ante las atrocidades de los estados colombiano y mexicano y ven dictaduras en países contradictores al modelo neoliberal.