Entre héroes policiales y heroína policial
Por Ivan Castillo Otero. Publicado en el número 4 (septiembre 2014).
Juan Carlos Monedero, portavoz de Podemos, se ha visto implicado en una nueva polémica que la derecha mediática se ha sacado de la manga. Como no hay manera de quitar votos y hacer empeorar los resultados de la formación política de reciente formación, han puesto en marcha el ventilador y están lanzando basura de manera sistemática.
En un vídeo de una charla antigua de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, se ve a Monedero decir lo siguiente: “¿Por qué ETA empezó a asesinar a dealers (camellos) en el País Vasco? Porque resulta que se empezó a distribuir heroína por parte de la Policía en sitios donde la gente podía optar por otras salidas políticas, así que era mejor que se metieran en la heroína”. Cuando lo escuché, no me chirrió al oído. Es tan cierto como que unos militares trataron de dar un golpe de estado en España un 23 de febrero o que el dictador Franco designó a Juan Carlos I como su sucesor. Es historia y está documentada.
El grupo vasco Negu Gorriak publicó una canción llamada “Ustelkeria” (podredumbre en castellano) en la que contaban, imitando una conversación telefónica entre dos miembros de la banda, que el comandante de la Guardia Civil Rodríguez Galindo, al mando del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) en la década de los ochenta, había sido acusado de narcotráfico. Se basaban en once artículos que se publicaron en Diario 16 entre el 14 de noviembre de 1990 y el 15 de maro de 1991, en seis de Egin que vieron la luz entre el 15 de noviembre de 1990 y el 17 de enero de 1991 y en otro de Egunkaria del 12 de marzo de 1991. Los periodistas que trabajaron estas informaciones en esos medios no se lo inventaron, extraían todo del informe Navajas, obra del fiscal de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa Luis Navajas.
El Guardia Civil Galindo (miembro de los GAL condenado en 2000 a 71 años de cárcel por secuestro y asesinato, y excarcelado en 2004 por problemas de salud) los denunció por “daños al honor y difamación del buen nombre”. Primero desestimaron su acusación, luego fallaron en contra de Negu Gorriak y, finalmente, el Tribunal Superior los absolvió.
¿Qué paso con el informe Navajas? Lo que sucede normalmente en este país. Comienza siendo noticia, levanta polvareda y termina perdiéndose entre manos interesadas. Silencio oficial. Como los ordenadores de la sede del Partido Popular formateados curiosamente justo a tiempo. Ya saben.
En la actualidad se puede navegar por la hemeroteca de los principales diarios españoles y uno se encuentra de todo. Llama la atención el gran número de artículos en los que, sin aportar pruebas claras, intentan exculpar a los miembros de la Guardia Civil acusados de traficar con drogas.
La realidad probada, tal y como lo cuenta un escrito de El País del 9 de abril de 1993, es que en noviembre de 1988 dos miembros adscritos a la Unidad de Servicios Especiales del Servicio Central de Información de la Guardia Civil se reunieron con el fiscal jefe de Donostia para alertarlo de la “evidente implicación” de varios hombres de las Fuerzas de Seguridad en Gipuzkoa en narcotráfico y contrabando. Habían llegado a esa conclusión gracias a confidencias obtenidas a través de traficantes y sus redes. Tras varias semanas, Luis Navajas recibió de manos de los que lo habían avisado desde dentro del cuerpo policial la documentación escrita que probaba las conexiones entre uniformados y camellos.
Navajas tomó declaración a cinco presuntos delincuentes sin que ellos supieran que se estaba interrogando a otros en las mismas fechas. Al coincidir las versiones que daban los traficantes y sabiendo que no se habían puesto de acuerdo, se percató de que no era una coincidencia sino un hecho real. Meses después, el 12 de mayo de 1989, el fiscal le hizo llegar a su superior, Javier Moscoso, el documento con los nombres de los 31 policías sospechosos y sus actividades al margen de la legalidad.
En su informe, Navajas planteaba que las investigaciones fueran conducidas por la fiscalía antidroga y que deberían de hacerse "por quince o veinte guardias civiles del Servicio Central de Información" a caballo entre Madrid y San Sebastián. Como primeras medidas propuso inspeccionar los patrimonios de los sospechosos y de sus familiares y pinchar sus teléfonos.
Como comentaba antes, el caso entró en una espiral de sombras. Lo archivaron, hubo filtraciones, lo volvieron a abrir y, finalmente, trataron de dejarlo en agua de borrajas. Pero, como es obvio, difícilmente algo de este calado se evapora sin dejar restos. Nada de lo relatado es inventado, está documentado en las diferentes hemerotecas e informes. Yo mismo he hecho unas sencillas búsquedas y me he basado en estos documentos de la época que están al alcance de todos.
Por eso miso, y volviendo al comienzo de mi escrito, Juan Carlos Monedero no se sacó sus declaraciones de la chistera, pero lo que pasa es ha instaurado que todo vale con tal de difamar contra Podemos. Lo que no se dan cuenta es que con cada crítica los hacen subir dos puntos en las encuestas. Eso sí, no sé yo si este juego sucio político hará tanta gracia a las víctimas del conflicto vasco y a toda la generación de jóvenes que tuvo serias pérdidas de población por culpa de esta heroína que, en efecto, no llegó a ellos de manera casual.
En un vídeo de una charla antigua de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, se ve a Monedero decir lo siguiente: “¿Por qué ETA empezó a asesinar a dealers (camellos) en el País Vasco? Porque resulta que se empezó a distribuir heroína por parte de la Policía en sitios donde la gente podía optar por otras salidas políticas, así que era mejor que se metieran en la heroína”. Cuando lo escuché, no me chirrió al oído. Es tan cierto como que unos militares trataron de dar un golpe de estado en España un 23 de febrero o que el dictador Franco designó a Juan Carlos I como su sucesor. Es historia y está documentada.
El grupo vasco Negu Gorriak publicó una canción llamada “Ustelkeria” (podredumbre en castellano) en la que contaban, imitando una conversación telefónica entre dos miembros de la banda, que el comandante de la Guardia Civil Rodríguez Galindo, al mando del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián) en la década de los ochenta, había sido acusado de narcotráfico. Se basaban en once artículos que se publicaron en Diario 16 entre el 14 de noviembre de 1990 y el 15 de maro de 1991, en seis de Egin que vieron la luz entre el 15 de noviembre de 1990 y el 17 de enero de 1991 y en otro de Egunkaria del 12 de marzo de 1991. Los periodistas que trabajaron estas informaciones en esos medios no se lo inventaron, extraían todo del informe Navajas, obra del fiscal de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa Luis Navajas.
El Guardia Civil Galindo (miembro de los GAL condenado en 2000 a 71 años de cárcel por secuestro y asesinato, y excarcelado en 2004 por problemas de salud) los denunció por “daños al honor y difamación del buen nombre”. Primero desestimaron su acusación, luego fallaron en contra de Negu Gorriak y, finalmente, el Tribunal Superior los absolvió.
¿Qué paso con el informe Navajas? Lo que sucede normalmente en este país. Comienza siendo noticia, levanta polvareda y termina perdiéndose entre manos interesadas. Silencio oficial. Como los ordenadores de la sede del Partido Popular formateados curiosamente justo a tiempo. Ya saben.
En la actualidad se puede navegar por la hemeroteca de los principales diarios españoles y uno se encuentra de todo. Llama la atención el gran número de artículos en los que, sin aportar pruebas claras, intentan exculpar a los miembros de la Guardia Civil acusados de traficar con drogas.
La realidad probada, tal y como lo cuenta un escrito de El País del 9 de abril de 1993, es que en noviembre de 1988 dos miembros adscritos a la Unidad de Servicios Especiales del Servicio Central de Información de la Guardia Civil se reunieron con el fiscal jefe de Donostia para alertarlo de la “evidente implicación” de varios hombres de las Fuerzas de Seguridad en Gipuzkoa en narcotráfico y contrabando. Habían llegado a esa conclusión gracias a confidencias obtenidas a través de traficantes y sus redes. Tras varias semanas, Luis Navajas recibió de manos de los que lo habían avisado desde dentro del cuerpo policial la documentación escrita que probaba las conexiones entre uniformados y camellos.
Navajas tomó declaración a cinco presuntos delincuentes sin que ellos supieran que se estaba interrogando a otros en las mismas fechas. Al coincidir las versiones que daban los traficantes y sabiendo que no se habían puesto de acuerdo, se percató de que no era una coincidencia sino un hecho real. Meses después, el 12 de mayo de 1989, el fiscal le hizo llegar a su superior, Javier Moscoso, el documento con los nombres de los 31 policías sospechosos y sus actividades al margen de la legalidad.
En su informe, Navajas planteaba que las investigaciones fueran conducidas por la fiscalía antidroga y que deberían de hacerse "por quince o veinte guardias civiles del Servicio Central de Información" a caballo entre Madrid y San Sebastián. Como primeras medidas propuso inspeccionar los patrimonios de los sospechosos y de sus familiares y pinchar sus teléfonos.
Como comentaba antes, el caso entró en una espiral de sombras. Lo archivaron, hubo filtraciones, lo volvieron a abrir y, finalmente, trataron de dejarlo en agua de borrajas. Pero, como es obvio, difícilmente algo de este calado se evapora sin dejar restos. Nada de lo relatado es inventado, está documentado en las diferentes hemerotecas e informes. Yo mismo he hecho unas sencillas búsquedas y me he basado en estos documentos de la época que están al alcance de todos.
Por eso miso, y volviendo al comienzo de mi escrito, Juan Carlos Monedero no se sacó sus declaraciones de la chistera, pero lo que pasa es ha instaurado que todo vale con tal de difamar contra Podemos. Lo que no se dan cuenta es que con cada crítica los hacen subir dos puntos en las encuestas. Eso sí, no sé yo si este juego sucio político hará tanta gracia a las víctimas del conflicto vasco y a toda la generación de jóvenes que tuvo serias pérdidas de población por culpa de esta heroína que, en efecto, no llegó a ellos de manera casual.